Proyectos de ley buscan un requisito de ciudadanía por nacimiento para varios cargos públicos
FRANKFORT, KY – Una par de propuestas legislativas presentadas esta semana en la Cámara de Representantes de Kentucky podrían cambiar drásticamente el panorama político del estado, al intentar restringir la elegibilidad de ciertos cargos públicos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses “por nacimiento” (natural-born citizens).
Los proyectos, identificados como HB 186 y HB 259, fueron introducidos en Frankfort durante la sesión legislativa de 2026. Ambos buscan prohibir que ciudadanos naturalizados (inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía legalmente) y personas con doble nacionalidad puedan postularse a una amplia gama de puestos gubernamentales, tanto a nivel local como estatal.
El proyecto de ley HB 186 se enfoca en las elecciones locales. De aprobarse, exigiría que los candidatos a cargos como comisionado del condado, alcalde, miembros de cuerpos legislativos municipales (como concejales) y miembros de la junta de educación sean ciudadanos por nacimiento y no posean ninguna otra nacionalidad aparte de la estadounidense. Esto descalificaría automáticamente a cualquier ciudadano que haya nacido en el extranjero, incluso si ha vivido en Kentucky durante décadas y posee ciudadanía estadounidense plena.
Por su parte, el proyecto HB 259 busca aplicar estos mismos requisitos estrictos a los niveles más altos del gobierno estatal. Esta medida afectaría a candidatos para gobernador, vicegobernador, jueces de la Corte Suprema estatal, fiscal general, jueces de circuito, entre otros. Dado que estos requisitos implicarían cambios en la estructura estatal, la HB 259 funcionaría como una enmienda constitucional que, de pasar la legislatura, tendría que ser ratificada por los votantes.
Los patrocinadores de las medidas argumentan que buscan asegurar una lealtad exclusiva a los Estados Unidos por parte de los funcionarios electos. Sin embargo, las propuestas han generado controversia inmediata. Críticos y expertos legales señalan que estas leyes podrían ser inconstitucionales al crear una clase de “ciudadanos de segunda”, impidiendo que miembros integrados y activos de la comunidad inmigrante —muchos de los cuales ya sirven en puestos de liderazgo en ciudades como Louisville y Lexington— puedan representar a sus distritos, a pesar de cumplir con todas las obligaciones cívicas de la ciudadanía.
Actualmente, ambos proyectos se encuentran en las etapas iniciales del proceso legislativo en la Cámara.
