Kentucky a un paso de prohibir definitivamente el matrimonio infantil con el Proyecto de Ley 156
El estado de Kentucky se encuentra cerca de marcar un nuevo hito en la protección de menores. Tras haber sido un pionero nacional en 2018 al restringir drásticamente el matrimonio infantil, la legislatura estatal avanza ahora con el Proyecto de Ley del Senado 156 (SB 156), que busca establecer la edad mínima de matrimonio en 18 años sin excepciones.
Un avance legislativo unánime
El SB 156 superó recientemente un obstáculo crucial al ser aprobado por unanimidad en el comité de la Cámara de Representantes. Ahora, la medida se dirige al pleno de la Cámara, donde una votación favorable la enviaría directamente al escritorio del gobernador para su firma final.
Aunque Kentucky implementó leyes estrictas en 2018 para frenar esta práctica, informes recientes indican que aún se producen matrimonios de menores de edad en violación de la ley estatal. Según los promotores de la nueva ley, simplificar el requisito a una edad fija de 18 años eliminaría las “zonas grises” y los errores administrativos que permiten a depredadores explotar las lagunas actuales.
El fin de las excepciones para los 17 años
Bajo la normativa vigente, los jóvenes de 17 años aún pueden casarse si cumplen con una rigurosa lista de requisitos, que incluye:
- Prueba de permanencia en el sistema escolar.
- Permiso legal de sus tutores.
- Confirmación judicial de que no se trata de una relación coercitiva.
- Emancipación legal completa del menor.
- Verificación de que la diferencia de edad con la pareja sea menor de cuatro años.
Contexto nacional
Kentucky fue reconocido como líder en 2018 por prohibir la mayoría de los matrimonios infantiles, seguido poco después por Delaware, que ese mismo año se convirtió en el primer estado en establecer el límite de 18 años sin excepciones. De ser aprobado el SB 156, Kentucky se uniría a la creciente lista de estados que consideran el matrimonio infantil un abuso de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo pleno de los jóvenes.
La meta de los activistas y legisladores es clara: garantizar que la infancia no sea interrumpida por compromisos legales que, en muchos casos, terminan en situaciones de vulnerabilidad y trauma.
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