El Concejo de Louisville decide mantener en secreto la ubicación de las cámaras de vigilancia Flock
En una decisión que prioriza la estrategia de seguridad sobre la transparencia gubernamental, el Concejo Metropolitano de Louisville votó de manera abrumadora a favor de mantener bajo reserva la ubicación exacta de las cámaras de lectura de matrículas (ALPR) de la empresa Flock Safety.
Con una votación de 20 contra 4, tanto demócratas como republicanos se alinearon con los argumentos del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD). Las autoridades policiales sostienen que revelar la ubicación de los más de 200 dispositivos instalados en la ciudad permitiría a los delincuentes evadir la detección y facilitaría actos de vandalismo contra el equipo tecnológico.
Un debate entre seguridad y derecho a la información
La propuesta para transparentar estas ubicaciones fue impulsada por el concejal demócrata J.P. Lyninger, quien buscaba la creación de un mapa público similar al que ya utiliza la ciudad de Lexington. “Lexington no ha sufrido efectos deletéreos masivos en su capacidad para investigar crímenes”, argumentó Lyninger durante la sesión.
A pesar de su esfuerzo, la mayoría del concejo coincidió con la postura del Fiscal General de Kentucky, Russell Coleman, quien en febrero respaldó el derecho de la ciudad a retener estos registros.
| Posturas en el Concejo | Argumento Principal |
| A favor del secreto | Publicar el mapa comprometería la seguridad pública y ayudaría a los sospechosos a evitar ser rastreados. |
| A favor de la transparencia | El público tiene derecho a saber dónde está siendo vigilado para prevenir sesgos raciales o uso indebido de la tecnología. |
Cuestionamientos sobre el uso de la tecnología
La votación ocurre tras meses de controversia y reportajes del Kentucky Center for Investigative Reporting (KyCIR), que han señalado posibles usos indebidos y sesgos raciales en la implementación de este sistema de vigilancia. Aunque concejales como Anthony Piagentini señalaron que las cámaras son visibles en los postes de las calles, la negativa a entregar un mapa oficial cierra la puerta a una supervisión ciudadana exhaustiva sobre la densidad de vigilancia en comunidades específicas.
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