Autoridades federales arrestan a 5 inmigrantes indocumentados con récords criminales del condado de Jefferson
Varios departamentos, incluidos el FBI Louisville, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la ATF Louisville, la DEA Louisville y los Alguaciles de Estados Unidos participaron en la “Operación Take Back America”, que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Louisville.
Cualquiera que no haya sido acusado penalmente quedará bajo custodia de ICE “en espera de los procedimientos de expulsión y posible deportación”. “Felicito la labor de nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, fiscales y personal de apoyo que trabajaron incansablemente para que esta operación fuera un éxito”, declaró el fiscal federal Michael Bennett. “La investigación y el enjuiciamiento enérgicos de quienes violan las leyes de inmigración tienen un impacto positivo en la seguridad de nuestras comunidades y de la nación”.
Según las autoridades, los acusados penalmente enfrentan penas de entre dos y 40 años de prisión federal.
Aquí están los cinco inmigrantes indocumentados que fueron arrestados en el condado de Jefferson, según las autoridades federales:
- Ángel David Zúñiga-Baca, de 35 años, es ciudadano hondureño. Está acusado de reingreso tras deportación o expulsión y de posesión de arma de fuego. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 17 años de prisión.
- Zoiber Hernández Domínguez, de 50 años, es ciudadano mexicano. Está acusado de posesión de arma de fuego y enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
- Humberto Ávila Durán, de 54 años, es ciudadano mexicano. Está acusado de reingreso al país tras ser deportado o expulsado, y de posesión de arma de fuego. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 17 años de prisión.
- Humberto Ávila Murillo, de 28 años, también ciudadano mexicano. Está acusado de posesión de arma de fuego y enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión.
- Álvaro Mandujano Rodríguez, de 32 años, también es ciudadano mexicano. Está acusado de reingreso tras deportación o expulsión y posesión de arma de fuego. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 17 años de prisión.
Solo una persona enfrenta cargos relacionados con drogas: Edi Díaz-López, de 30 años y ciudadano mexicano. Las autoridades federales informaron que se le acusa de posesión con intención de distribuir metanfetamina, posesión de un arma de fuego por parte de un inmigrante indocumentado y posesión de un arma de fuego para contribuir al narcotráfico. De ser declarado culpable, enfrenta un máximo de 40 años de prisión.
Fuente: whas11.com
