Aprueban aumento de tarifas de agua del 3,9 % para los clientes del condado de Jefferson
El Distrito Metropolitano de Alcantarillado (MSD, por sus siglas en inglés) de Louisville y el condado de Jefferson ha aprobado oficialmente un incremento del 3,9 % en las tarifas de servicios para los residentes del condado de Jefferson. La nueva medida, ratificada por la junta directiva tras concluir un periodo obligatorio de 30 días de comentarios públicos, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2026.
Este ajuste representará un aumento aproximado de 3,23 dólares en la factura mensual promedio de servicios de aguas residuales y drenaje de aguas pluviales para los clientes residenciales. A pesar del impacto económico, las autoridades destacaron que este porcentaje iguala la cifra del año anterior y se mantiene como uno de los incrementos anuales más bajos de las últimas dos décadas. Por su parte, los usuarios ubicados en áreas del condado de Oldham verán un aumento del 2 %, mientras que se espera que las nuevas tarifas para el condado de Bullitt se anuncien a finales de este año.
Ricky Mason, presidente de la junta de MSD, aseguró que la entidad es consciente de las presiones económicas actuales: “No tomamos a la ligera nada que impacte los presupuestos familiares”. Sin embargo, subrayó que el aumento es una medida necesaria para cumplir con los requerimientos federales de agua limpia y preparar a la comunidad frente a futuros fenómenos meteorológicos severos.
Los fondos adicionales financiarán un presupuesto que incluye casi 270 millones de dólares destinados a mejoras de capital urgentes en toda el área de servicio. De esa cifra, 240 millones se invertirán directamente en el condado de Jefferson. Esta inyección de capital respaldará 185 proyectos activos y 81 iniciativas nuevas, enfocadas en la protección contra inundaciones, la modernización de la infraestructura envejecida, la reducción de desbordamientos y la mitigación de olores. Según estimaciones de la agencia, se requerirán unos 1.200 millones de dólares en los próximos cinco años para garantizar un sistema verdaderamente resiliente.
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