Corte Suprema de Kentucky rechaza solicitud del fiscal general para reactivar la pena de muerte
La Corte Suprema de Kentucky negó este jueves 24 de septiembre de 2026 la petición presentada por el fiscal general del estado, Russell Coleman, quien buscaba levantar o aclarar una orden judicial de hace 16 años que mantiene suspendidas las ejecuciones en la entidad desde 2010.
En una decisión de 5 votos contra 1, el máximo tribunal estatal determinó que la fiscalía no cumplió con el estándar legal necesario para obtener un mandato extraordinario (writ of mandamus). Coleman pretendía que la Corte Suprema disolviera la medida cautelar o forzara al juez del Tribunal de Circuito del Condado de Franklin, Phillip Shepherd, a aclarar si dicha orden impide que el gobernador demócrata Andy Beshear firme una orden de ejecución contra el recluso condenado a muerte Ralph Baze.
Los magistrados señalaron que la controversia sigue formando parte de una demanda en curso en el tribunal de circuito sobre la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución de Kentucky, por lo que rechazaron emitir una opinión consultiva. Con este fallo, la prohibición judicial de 2010 permanece vigente y las ejecuciones continúan paralizadas en el estado.
El caso se centra de manera inmediata en Ralph Baze, quien fue condenado por el asesinato del sheriff del condado de Powell, Steve Bennett, y del alguacil adjunto Arthur Briscoe en 1992. Mientras que el fiscal general Coleman ha presionado reiteradamente para reanudar la pena capital en nombre de las familias de las víctimas, el gobernador Beshear ha sostenido que las restricciones judiciales vigentes, los trámites regulatorios pendientes y la falta de fármacos para aplicar la inyección letal le impiden firmar órdenes de ejecución.
Kentucky no ha ejecutado a ningún prisionero desde el año 2008, cuando Marco Allen Chapman recibió la inyección letal. La suspensión fue ordenada originalmente en 2010 debido a cuestionamientos legales sobre el protocolo de ejecución del Departamento de Correcciones y las salvaguardas para reclusos con discapacidad intelectual o trastornos mentales graves.
